No hay sector en la Argentina que no se queje por la fuerte presión impositiva. El automotor es uno de los más golpeados y viene reclamando a los gobiernos -al actual y al anterior- medidas para aliviar la carga tributaria. Según estudios que realizó la asociación que agrupa a las terminales, el 55% del precio al público de cada 0km son impuestos. Pero este es el piso. Como se trata de un rubro que apunta a un segmento de la población con un poder adquisitivo medio y alto, es tentador sumarle nuevos tributos cada vez que la necesidad económica del Estado lo requiera. Eso fue lo que sucedió en 2008, cuando Cristina de Kirchner decidió reimplantar los Impuestos Internos que estaban suspendidos desde hacía años. Ante la desaparición del superávit fiscal con el que había asumido el kirchnerismo y la necesidad de mejorar la recaudación, fue una buena excusa para sumar más carga tributaria al sector automotor que venía creciendo. Se lo presentó como un impuesto "al lujo" pero con el correr de los años se fue distorsionando.

En 2008 se estableció que todos los autos de más de u$s61.844 de entonces debían pagar una alícuota del 10%. Con el tiempo y a medida que se complicaba la economía, la presión fue aumentando y sumando variantes. Una de las causas fue el impacto de la crisis financiera mundial por la que se aceleró la salida de dólares. Al no actualizar la base imponible al ritmo de la devaluación del peso -algo similar a lo que sucedió con Ganancias-, cada vez más autos de menor valor comenzaron a tributar. Pese a los cambios realizados cuando asumió Mauricio Macri, la tendencia no se revirtió y eso provoca que en la actualidad, a 10 años, paguen este impuesto vehículos a partir de los u$s29.000 calculando un dólar cercano a los $18.

De haberse mantenido la relación original entre el tipo de cambio y la base imponible, hoy sólo los 0km de más de $1.100.000 deberían tributar este impuesto cuando en la realidad lo están pagando los autos de unos $530.000 para adelante. Lo que se desprende de esto es que sólo los modelos de alto precio, que hoy están gravados con la segunda franja, tendrían que pagar el impuesto. El resto no. Esta es una muestra de la voracidad del Estado sobre los bolsillos de los consumidores ya que un tributo que nació para el segmento de la alta gama termina impactando en los vehículos de gama media. Desde 2008 el peso se devaluó en un 487% contra un ajuste de la base imponible del 171%, lo que muestra cómo se separó una variable de la otra en beneficio del Estado.

La eliminación de este impuesto es un reclamo que vienen realizando desde hace tiempo tanto los fabricantes como los importadores, pero que tomó un impulso renovado a comienzos del mes pasado cuando el Gobierno decidió no actualizar la base imponible al ritmo que lo hace la inflación. La justificación de los funcionarios oficiales fue que el dólar se mantenía estable. Hay que tener en cuenta que cuando se tomó la decisión, a mediados de junio, eso era cierto aunque días después pegó un salto que lo llevó de menos de $16,50 hasta los $18. También el Gobierno decidió mantener sin cambios el tributo porque funciona, de alguna forma, como un techo a los aumentos de precios ya que si los 0km suben por encima del nivel imponible, por la forma de calcular este gravamen, su precio se dispara un 11%, lo que hace que el modelo quede fuera de mercado ante la competencia.

En lo que va de su vigencia, sufrió distintos cambios, como muestran los gráficos adjuntos. A comienzos de 2014 el ministro Axel Kicilloff hizo su aporte al desdoblar la escala. Creó dos franjas. La primera establecía paso de una alícuota del 10% al 30% que implicaba un aumento de los precios del 43%. A su vez sumó una alícuota del 50% que subía el valor de los 0km un 100%. Esto provocó el derrumbe del segmento Premium que por dos años desapareció del mercado. Así se mantuvo hasta enero de 2016 cuando el Gobierno actual las bajó, respectivamente, a niveles del 10% y el 20%. En este caso, la suba de los modelos afectados es de el 11% y el 25%.
Fuente: ambito.com