El primer tema que se trató en la sesión encabezada por Julio Silman fue la aprobación de la designación como conjueces del Tribunal Fiscal de Apelación de Jorge Horacio Valdez, Julio Manuel Barbaglia, Luis Emilio Rodríguez Vaquero, Valnea Nivia Grandi, Dante Orlando Malica y Luis Alberto Vélez.

Luego, se aprobó la modificación del primer artículo de la Ley N° 8934 (Código Procesal Penal), referido a la entrada en vigencia del mismo. Se estableció que “el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán entrará en vigencia progresivamente por Centro Judicial, en forma y modo que determine la autoridad de aplicación, a partir del día 1 de febrero 2018”. 

A través de ese proyecto también se estableció que a partir del 1 de septiembre de 2017 entren en vigencia los principios, derechos y garantías, que contienen el nuevo Código Procesal Penal, el capítulo referente al "criterio de oportunidad"  y el capítulo referido a los Derechos de la Víctima del Delito.

Después de cerrar con el tema anterior, se generó un momento tenso en la sesión. El proyecto que busca establecer el cupo para travestis, transexuales y transgénero en el ingreso como personal de la Administración Pública desató la polémica en la Legislatura tucumana, luego de que el este volviera a Comisión.

El pedido para que el proyecto de ley no sea tratado fue realizado por el legislador radical Raúl Albarracín apoyado por sus pares oficialistas, algo que indignó a los opositores que abandonaron el recinto.

Por otro lado, los parlamentarios aprobaron la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N°26.370 , que regula la actividad  de los “patovicas”. Crearán un registro, se les dará un carnet habilitante luego de aprobar una serie de requisitos para desarrollar la actividad.

También se decidió que los héroes de Malvinas reciban un aumento en la pensión mensual fija, que pasará a ser equivalente a la remuneración básica de la categoría 24 del escalafón general y estará sujeta a una movilidad en función al aumento salarial.

Proyectos de resolución

A través de un proyecto de resolución se reafirmó el derecho de la Provincia sobre los fondos coparticipables, que por ley corresponden a la Provincia. Así mismo, respaldaron la constitucional del tope fijado para la Provincia de Buenos Aires, de 650 millones anuales y que el excedente se reparta entre las provincias.  

Otro solicita al Poder Ejecutivo Nacional, arbitre los medios necesarios para dejar sin efecto las subas tarifarias en luz, gas y combustible, previstas para fin de años.

Fuente: eltucumano.com